La Constitución asegura a todas las personas el derecho al trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo.

Es deber del Estado asegurar la dignidad en el trabajo, lo cual comprende el derecho a una remuneración equitativa, a la salud, a la seguridad, a la garantía de indemnidad y al pleno respeto de los derechos fundamentales en el contexto laboral.